Skip to main content

Contratación Administrativa no es una isla.  No es un punto abandonado flotando en el espacio. Se relaciona con otras materias que el ordenamiento jurídico regula.  Como les he comentado a mis alumnos, el ordenamiento jurídico no es como los apartados postales (los que los recuerdan qué era un apartado postal) en donde las casillas estaban una junto a la otra pero no se tocaban.

Contratación Administrativa se relaciona con tantas materias de derecho como sean aplicables al objeto contractual. Permisos de construcción, viabilidad ambiental, registro de insumos médicos o medicamentos, colegiatura de profesionales liberales, etc.

Laboral es una materia que no se puede jamás dejar por fuera y aquí les tengo dos ejemplos:

  1. Requerimiento del servicio en un día feriado que no es de pago obligatorio con la advertencia que la institución no lo va a pagar.

Así como lo lee; una institución pública le solicita a un cliente que preste el próximo lunes (feriado para conmemorar el día de la abolición del Ejército), el servicio para el cual fue contratado, sin embargo, el funcionario le advierte que como no es de pago obligatorio, el contratista debe hacer el servicio de gratis.

No deja de sorprender lo fácil que algunos funcionarios interpretan la norma dejando de lado que la prestación de cualquier servicio implica costos para el contratista. Un principio básico en la ejecución de cualquier contrato con el Estado y sus instituciones es el de equilibrio de intereses. Por lo tanto ningún funcionario o institución puede pretender un servicio gratis.

En el caso del Día de la Abolición del Ejército este no es de pago obligatorio. Es decir, si el trabajador no labora ese día no se le paga como sí sucede por ejemplo un 15 de setiembre. Si el patrono dispone que debe de prestar sus servicios ese día, lógicamente el trabajador debe de recibir su pago (obviemos por ahora que el trabajador se puede negar).

Si el servicio se ejecuta, lógicamente el salario del trabajador es un costo, así como los insumos que se consuman.  El que sea un feriado cuyo pago no es obligatorio no significa que el servicio que preste la empresa a una institución pública deba ser gratuito.

Si la institución no lo paga porque así lo interpreta el funcionario, incurrirá en un enriquecimiento sin causa abriendo la puerta a los reclamos correspondientes, no solo responsabilidad civil, también disciplinaria.  ¿Cabría interpretar que obligar al contratista a prestar el servicio sin paga es incurrir en el delito de abuso de autoridad? ¿Interesante verdad?

Diferente es el caso en que el contratista debe prestar el servicio para corregir errores. Eso es otra historia.

2. Mal cálculo de salarios mata una oferta

Este caso fue analizado en la resolución R-DCA-003-2015.  En este caso (servicios de seguridad), la apelante señaló que el adjudicatario cotizó un precio ruinoso porque los cálculos arrojan una pérdida en la mano de obra.

En relación con la adjudicataria la Contraloría descubrió:

“(…)al aplicar los resultados del modelo de costos utilizado por el Equipo de Gestión y Apoyo Interdisciplinario al rendir su criterio técnico, el precio de la adjudicataria presenta un faltante de ¢29.194,45 mensuales para cada una de las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, lo que significa que su precio resulta insuficiente para solventar el pago mínimo de salarios y las respectivas cargas sociales, aspecto que tampoco fue rebatido por la adjudicataria o la Administración. De esa forma, tampoco la adjudicataria podría cumplir estrictamente con las ineludibles obligaciones laborales y de seguridad social vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, en consecuencia no sería tampoco viable mantener la adjudicación de una empresa que no atiende los mínimos dispuestos por ley. Es por ello que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo último del artículo 28 de la Ley Orgánica de esta Contraloría General, de oficiose anula el acto de adjudicación, pese a la falta de legitimación de la empresa apelante.”

Sin embargo, el caso no termina ahí, ¡el apelante tampoco cumplía!

“Teniendo en cuenta que las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8 requieren un guarda cada una, servicio que debía prestarse durante las 24 horas todos los días del año (turno rotativo cada 8 horas), incluyendo sábados, domingos y feriados, se llegó a determinar que el costo mano de obra por puesto de 24 horas, tomando en consideración el porcentaje vigente por concepto de póliza del INS de 3,22%, asciende a la suma de ¢1.839.868,71. (…) la adjudicataria cotizó un 87.66% por mano de obra para las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, sea una suma mensual de ¢1.778.313,40 (hecho probado 2), la cual presenta un faltante de ¢61.555,31 en cada una de esas líneas, lo que significa que es insuficiente para solventar el pago mínimo de salarios y las respectivas cargas sociales. (… Así las cosas, si bien es cierto la apelante lleva razón en que el precio de la  adjudicataria resulta insuficiente para solventar el pago mínimo de salarios y sus respectivas cargas sociales, también su precio resulta insuficiente para tal finalidad, lo que se traduce en una falta de legitimación para presentar el recurso, ya que no tendría posibilidad alguna de resultar  readjudicataria, en consecuencia, se declara sin lugar su recurso de apelación.”

Tenía razón, logró que anularan la adjudicación en favor de su competidor, pero la suya también resultó inelegible.  Una victoria pírrica.

Estos dos casos ilustran como la normativa laboral se entrelaza con la contratación administrativa al punto que si un oferente no hace bien sus cálculos según la ley, puede no alcanzar la meta o bien, que una institución no puede interpretar que porque un día feriado no es de pago obligatorio puede pretender un servicio gratuito.

Conozca las reglas del juego, es parte de la ventaja competitiva y le ayuda a comprender y adelantarse a los riesgos a la hora de preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Hasta la siguiente entrega.

Puede consultar la resolución R-DCA-003-2015 acá: DESCARGAR

Leave a Reply