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Caso 1: Tobilleras del Ministerio de Justicia y Paz.  El cartel es objetado por once empresas y entre las objeciones está que la institución quiere que no superen los 130 gramos.

Caso #2: Hospital Escalante Pradilla. Indica que es necesario presentar una certificación emitida por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos para garantizar la calidad de cilindros de gas.

Caso #3. Asamblea Legislativa pide que los oferentes certifiquen la biodegradabilidad del cloro. Los minerales no se biodegradan.

¿Qué tienen en común estos tres carteles? Que ninguno pasó la prueba de tener que estar fundamentados en criterios técnicos. Supongo que la Contraloría no se cansa de indicarles a las instituciones que están obligadas por más discrecional que sea el definir qué necesita contratar y cómo lo va a evaluar, esta decisión responde a la técnica, no al arbitrio del funcionario competente.

El 16 de marzo de 2021 la Contraloría le dice al Ministerio de Justicia y Paz en la resolución R-DCA-00319-2021:

No obstante lo anterior, lo cierto es que la Administración también debe fundamentar sus decisiones y en ese sentido las mismas deben estar sustentadas en actos motivados con arreglo a criterios de técnicos, objetivos y valorando la trascendencia, proporcionalidad y razonabilidad de su decisión. Al respecto, en cuanto a los alegatos que tomó en consideración la Administración para definir el peso máximo del dispositivo, sea que éste no supere los 130 gramos, esta División observa que de ellos no se desprenden con absoluta claridad cuál fue la metodología técnica y objetiva utilizada para definir ese peso máximo, pues de la información citada por la Administración esto refiere a la necesidad que el aparato sea confortable, pero no cómo el peso determinado permite cumplir esa condición. Aunado a esto, se denota que la Administración refiere a documentos que tienen cierta antigüedad, de manera que no se aprecia que estos sean actualizados

Acceda la resolución completa aquí: DESCARGAR

La Contraloría ha dedicado ríos de tinta indicando lo mismo una y otra vez. El hecho que en un cartel figure un porcentaje, una cifra, un tamaño, un estándar de calidad o un peso por sí solo no lo hace objetivo. Cualquier oferente debe de estar en la posibilidad de trazar el origen de ese requisito y llegar hasta un criterio el cual pueda refutar técnicamente si fuese necesario.

La mala práctica está muy arraigada y prácticamente es un tema ya de cultura institucional el seguir el principio de “las cosas siempre se han hecho así”.  ¿Por qué es un mal negocio seguir las malas prácticas para la institución? Porque le atrasa los procesos de compras lo que ocasiona que a fin de año tengan que correr para ver cómo gastan la partida presupuestaria.

Aquellos oferentes que saben las reglas del juego les basta con revisar el expediente en SICOP o físico en algunos casos. También saben que de no existir una justificación técnica, económica, jurídica, contable etc. hay una buena probabilidad de que la institución tenga que pasar por el proceso de darle explicaciones a la Contraloría. El tema se vuelve más fácil para la institución cuando la objeción se presenta ante ella misma. Se vuelve juez y parte.

La Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento han sido muy claros desde sus orígenes y lo único que se necesita es que cada quien siga las reglas en lo que le corresponde. Sin embargo la cultura institucional ha consolidado prácticas que se pasan de generación en generación dando como resultado carteles deficientes que no los arregla un proyecto de ley.

En la Administración Pública deben de admitir que la “comodidad del paciente” no es un criterio técnico objetivo para justificar la solicitud de  accesorios para un equipo como sucedió una vez en el Hospital México en el proceso de compra de una cámara gamma Spect.

El creer que una nueva ley que prácticamente recicla la que tenemos y reitera hasta el cansancio que los funcionarios están en la obligación de justificar sus decisiones, no es ni garantía de que se cumplirá o que es un cambio estructural o de paradigma como lo han pregonado la Contralora de la República y varias diputadas de la Asamblea Legislativa. La respuesta a las malas prácticas no es una ley, es capacitación y más capacitación para crear conciencia en ambos lados.

Señor oferente, lea bien el cartel, analice los requisitos y determine su origen. Si el caminito de migajas no lo conduce a un criterio objetivo objete el cartel (no en el caso de las contrataciones directas porque la ley no prevé este recurso para ellas). Si no lo hace la regla cartelaria se consolida y tiene que lidiar con ella cuando confeccione su oferta.

Servidores públicos, comprendo que tienen prisa en sacar los carteles porque el fantasma de la subejecución se les viene encima, pero la prisa es mala consejera. Asegúrense que cada palabra de ese cartel tiene una justificación que no depende de su fueron interno o creencias.  El cartel se blinda desde antes de la decisión inicial, no ante la Contraloría.

Hasta la siguiente entrega.

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