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Para bien o para mal, en nuestra cultura legislativa se trabaja sobre una base: una ley lo resuelve todo. Luego de 24 años de vigencia, nuestros diputados se convencen de la necesidad de un cambio y tramitan el proyecto de ley denominado “Ley General de Contratación Pública”.

El texto original, afortunadamente, ha sufrido cambios importantes desde finales del año pasado y hoy tenemos un segundo texto sustitutivo que dentro de poco volverá a sufrir cambios vía mociones según lo declaró recientemente la diputada Silvia Hernández que es una de las más fuerte promotoras.

Sus impulsores promocionan el proyecto como un cambio revolucionario en contratación administrativa en aspectos como ética, planeamiento y transparencia. Sin embargo, luego de un filtro de realidad, hay que reconocer que ya tenemos, al menostres leyes, tres reglamentos y varias directrices de la Contraloría General de la República que obligan a los funcionarios a tener ética, planear las compras públicas y permitir el acceso a la información y transparencia. Parafraseando a un autor ¿presenciamos un crecimiento legislativo o inflamación legislativa?

El discurso es loable pero al pasar a la realidad los oferentes y contratistas se enfrentan a falta de planificación, carteles mal hechos, difícil o nulo acceso a la información, burocratización excesiva de los procesos (el proceso de reajuste de precios en ciertas instituciones es simplemente surrealista), decisiones arbitrarias en procedimientos cuando la institución es juez y parte o cambios abruptos de criterio de la Contraloría. ¿Cambiará la cultura administrativa con una de norma?

Si la estrategia es la implementación de una nueva ley, recurro a la famosa cita de Paul Drucker: “Culture eats strategy for breakfast”.  Lo admito, no creo que la propuesta sea tan revolucionaria, pero tampoco digo que sea un esfuerzo inútil.

Mis alumnos y clientes saben que la estrategia de negocio en contratación administrativa implica entender que la ventaja competitiva es un banco de tres patas: precio, producto y conocimiento de las reglas del juego.  Estamos a las puertas que cambien, pero…¿será tan radical?

Junto con esta entrega vendrán otras más tratando aspectos importantes de la reforma con la advertencia que  puede haber cambios luego que la comisión vuelva a integrarse dado que dentro de poco se trasladarán al nuevo edificio del Congreso.

I. PRINCIPIOS

Como toda norma se basa en la Constitución este proyecto no podría ser diferente.  Debe respetar además lo indicado por la Sala Constitucional en su jurisprudencia particularmente la sentencia 998-98.  Desde esta perspectiva no hay cambio; pero, a nivel legal el proyecto de una serie de principios que toda actividad de contratación administrativa tiene que cumplir:

Salvo el tema de la sostenibilidad social y ambiental, no hay novedad. Sí llama la atención del principio del valor por el dinero que, esencialmente es el analizar el costo beneficio que es fundamental dado el compromiso de fondos públicos especialmente en esta época de vacas flacas. ¿Habrá estudios de cuánto pierden las instituicones por procedimientos mal hechos?

Pero ¿no deberían las instituciones estarlo haciendo ya en vista que desde hace 24 años la actual Ley de Contratación Administrativa exige una planificación para las compras y el uso eficiente de los fondos públicos? Agreguemos que la obligación de planificación también la encontramos en Ley General de Control Interno y la Ley Financiera de la República y Presupuestos Públicos.

Más importante aún, ¿cómo poner en práctica este principio si los estudios de mercado y precios de muchos concursos son deficientes porque se concibe que es suficiente pedir tres cotizaciones?

Lo que preocupa es que el artículo 40 de este proyecto, a como está redactado, y lo veremos más adelante, da pie para que las instituciones perpetúen su costumbre de tratar de adquirir a como de lugar, los bienes y servicios más baratos. Con la reforma pasamos de adjudicar a la oferta más conveniente (artículo 4 de la ley actual) a la de menor precio.

II. Procedimientos

Otra “novedad” es que varían los procedimientos, al menos nominalmente.

Definitivamente, salvo nomenclatura, no hay en principio un cambio significativo. Sin embargo, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir exponiendo ciertos cambios más pequeños que hay que tomar en cuenta.

¿Es necesario cambiar toda la Ley de Contratación Administrativa? Si entendemos que existen un problema a lo interno de las instituciones como escasa capacitación para los funcionarios (no conozco un solo proceso de inducción en las instituciones para un procedimiento con tanto detalle), innecesaria burocratización de procedimientos colaterales, plazos de respuesta excesivos, y malas prácticas a la hora de crear carteles y analizar ofertas, entonces uno se pregunta si con cambiar la norma cambian estas prácticas y costumbres internas es suficiente.

Lo dudo. Hay una alta probabilidad que la Administración Pública encuentre la manera de entrabarse a sí misma en detrimento de la labor y esfuerzo de sus propios funcionarios, los oferentes y contratistas. Mi posición personal es dividida:

  • ¿Hay que hacer ajustes a la ley? Definitivamente.
  • ¿Es necesario derogar toda la ley? Sí en el tanto la reforma sea realmente revolucionaria. En muchos aspectos es meramente cosmética.
  • ¿Qué alternativa tenemos?: Detectar los puntos de mejora específicos y proceder al cambio. Ejemplo, el plazo para resolver el reajuste de precios no está regulado por lo que las instituciones se toman un plazo prudencial para resolver (dos años en algunos casos).

La probabilidad de que para el otro año tengamos una nueva ley es alta; no es un proyecto polémico, sin embargo podría restársele impulso por temas políticos más álgidos que retrasen su tramitación.

Mientras tanto, iremos aprendiendo poco a poco de su contenido.

Hasta la próxima entrega.

PD: Adjunto el texto sustitutivo actualizado al 26 de junio de este año. En caso que tenga alguna pregunta con gusto la comentamos.

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